Breve análisis sobre la controversia entre el sector de cruceros y el nuevo cobro a los cruceristas
Por: Lic. Víctor Gardoqui / Concanaco-Servytur
Lic. Juan Carlos Arnau / Fematur
La reciente controversia, generada por la decisión del gobierno mexicano de aplicar el derecho de servicios migratorios a visitantes no remunerados o DNR a los cruceristas que visiten nuestro país, ya sea que desembarquen o permanezcan a bordo, ha desatado una serie de opiniones que se pretende abordar y analizar en este escrito.
Primeramente, se debe entender que los visitantes de cruceros son visitantes temporales en tránsito, consideración por la que su estancia promedio fluctúa entre seis y nueve horas en cada puerto que visitan, lo que provoca que, alrededor de su arribo, se desarrollen múltiples recorridos y experiencias recreativas diversas que permitan aprovechar al máximo esa reducida estancia, en cuya organización participa una serie de prestadores de servicios turísticos diferentes con los que atienden al flujo regular de turistas.
Vale la pena comentar que la ONU Turismo (antes la OMT), define al turista como el que pernocta en un destino, razón por la que los visitantes de crucero son, en la mayor parte del mundo, tratados como visitantes temporales o en tránsito, razón por la que no aplican cobros de visas (aquí llamados DNR).
Nuestro país registra visitas múltiples en los recorridos en ambos litorales, es decir que la ruta del Pacífico contempla varias escalas en Ensenada, Los Cabos, Mazatlán, La Paz, Loreto, Puerto Vallarta, Manzanillo, Zihuatanejo, Acapulco, Huatulco o Puerto Chiapas; mientras que en el Golfo-Caribe, en los años recientes se toca Progreso, Cozumel y Mahahual.
Desde el punto de vista de la derrama, el Banco de México y el Inegi, determinan un gasto promedio de entre 68 y 90 dólares, cifra que es considerada irreal por empresarios, ya que se deriva de la aplicación de una encuesta, mientras se ha sugerido infructuosamente que se calcule del Big Data que han ofrecido recurrentemente las instituciones bancarias que operan las tarjetas de crédito y que reflejan gastos mucho más altos, pero que no se han podido considerar como cifras oficiales.
Pero, además de la derrama directa de los pasajeros, es conveniente establecer los costos que se le aplican a cada embarcación y que oscilan entre 700 y 800 mil pesos por cada arribo por los servicios portuarios, más otros cargos como los servicios de pilotaje, recolección de aguas aceitosas, basura, capitanía de puerto, servicios migratorios y sanidad entre otras. Se registran alrededor de 3,000 arribos anuales, lo que le representa directamente a las Asiponas respectivas un ingreso nada despreciable. Por ejemplo, la Asipona de Cabo San Lucas obtiene más del 80% de sus ingresos por este concepto.
La exención de la aplicación del DNR a los cruceristas ha sido un tema continuo de discusión a lo largo de las últimas dos décadas. De hecho, se elaboró, gestionó y acordó una Política Pública de Cruceros, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de agosto del 2004.
Desde que iniciaron los arribos de este tipo de segmento a nuestro país, nunca se les ha cobrado ese derecho, ya que no procede por la temporalidad de sus estancias. Lo que ahora, en el caso de cobrarlo, les estaría dando derecho de estadía en el país, y el cobro va dirigido a los visitantes a los que no se les darán recibos, ni se les sellarán los pasaportes.
La reciente pandemia de covid-19 y conflictos derivados de asaltos sufridos por visitantes en el pasado en Mazatlán y Acapulco produjeron un alejamiento de estas embarcaciones, lo que generó una severa crisis económica que fue resentida principalmente por los pequeños y medianos empresarios turísticos, que constituyen la amplia cadena de servicios ligados a la actividad turística.
El debate que se generó hace 20 años por un proyectado homeport o puerto de embarque en Playa del Carmen, provocó un debate tan pronunciado, que orilló a la Sectur federal a contratar un estudio de impacto que llevó a cabo el ITAM y que concluyó que se trata dos mercados completamente diferentes y desligados: el de cruceros y el de hoteles, por lo que lo que sucede con uno de ellos, no impacta o influye notoriamente en el otro.
Para que una ruta de cruceros sea exitosa, se requiere el convencimiento y la participación tanto de la empresa naviera, como del destino específico. Se sabe que Venecia y Barcelona han restringido severamente las llegadas, derivado del activismo de la población local que considera que los flujos turísticos excesivos deterioran su calidad de vida.
En el caso de Cozumel, la movilización social ha reclamado la suspensión de estos cargos, ya que su principal ingreso se deriva de la atención de este segmento turístico, que ha sido muy exitoso en la isla, siendo que a la fecha ostenta uno de los primeros lugares mundiales que más reciben cruceros, y que tan solo el año pasado llegaron a sus muelles un total de 1,155 arribos con 4,076,976 de visitantes.
La visión que tiene sobre el turismo la actual administración federal difiere de la política de fomento y promoción del pasado para proceder a una de recaudatoria.
A pesar de la suspensión temporal del nuevo cargo, que les representará a los cruceristas el visitar nuestro país, vale la pena mencionar algunas alternativas que propicien el beneficio mutuo de los involucrados en este diferendo.
El gobierno del estado de Quintana Roo acordó recientemente con las empresas navieras, un cargo de 5 dólares por pasajero para emprender obras de amortiguamento y atención de varias acciones tendientes a la sustentabilidad. En el mismo sentido, la naviera Royal Caribbean anunció una cuantiosa inversión en la construcción de una infraestructura dedicada para atender a sus pasajeros en Mahahual. Los únicos antecedentes son hace algunas décadas, cuando la naviera Carnival invirtió fuertemente en Cozumel en una terminal administrada directamente por ellos mismos, y la compañía Hutchinson Ports en Ensenada.
Por la maleabilidad y fragilidad de este flujo turístico, lo que es muy recomendable es establecer un canal de comunicación con las empresas navieras para analizar la pertinencia de este cobro, su aplicación y los fines de esta recaudación.
Con la reciente conformación de las Asiponas, anteriormente APIS, como empresas paraestatales, dirigidas por la Secretaría de Marina, pero obligadas a operar de manera rentable, las navieras, al ser sus clientes preferenciales, requieren desarrollar acciones mutuamente acordadas a mediano y largo plazo que permitan la recuperación de importantes montos de inversión que se requieren en el ámbito marítimo.
Existen grandes oportunidades para impulsar los posibilidad de desarrollar un homeport en localidades que recibirían con entusiasmo el nuevo flujo que representan las estancias pre y post crucero, por ejemplo Puerto Peñasco, que desarrollaría a los puertos del Mar de Cortés.
Las posibilidades que se presentan para ampliar la coordinación a nivel destino entre las comunidades receptoras, las instalaciones portuarias y las navieras, son muy amplias para reintentar esquemas que funcionaron brevemente en el pasado, como el llamado Comité Puerto-Ciudad que podría ser adaptado a las nuevas políticas de las Asiponas para incorporar apoyos a los municipios a los que arriban los cruceros.
Ahora que, si lo que impulsó esta medida fue únicamente la necesidad recaudatoria generalizada, pues entonces sí habría que visualizar en el futuro inmediato un alejamiento del tráfico de cruceros en nuestro país, con un impacto negativo primordialmente para los prestadores de servicios turísticos más modestos, como artesanos, guías de turismo, taxistas, meseros, entre otros.
Se comenta que al implementarse podría afectar específicamente a los puertos mexicanos en las rutas del Caribe, poniéndolos en desventaja al convertirse en 230% más caros que su competencia, y a las rutas del Pacífico mexicano quitarles lo atractivo por el alto costo operativo. La Concanaco Servytur, a través de las Cámaras de Comercio locales y la Fematur, mediante sus filiales, se pronuncian porque el gobierno establezca un diálogo con las empresas, asociaciones, estados y municipios, entre otros, para analizar y definir el derrotero para este segmento turístico, y no pierda su dinamismo en nuestro país.
